Las Provincias más castigadas fueron Catamarca, La Rioja Formosa, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Sgo del Estero, Tierra del Fuego, Córdoba, y las gobernadas por JxC, como Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, San Juan y Santa Fe.
El golpe que recibió el oficialismo en el Congreso fue solo el capítulo más resonante de una escalada cada vez más desembozada entre Javier Milei y los gobernadores. Detrás de los matices sobre las reformas económicas y las facultades delegadas, la pelea por la «caja» y el reparto del ajuste asomaron como uno de los principales motivos del hundimiento de la ley ómnibus.
Ya en diciembre, el Gobierno ordenó cortar las transferencias discrecionales y frenar obras sin ejecutar. La estrategia era «primero cerrar la canilla y después sentarse a negociar con los gobernadores». Pero las tensiones fueron escalando y la «motosierra» hizo estragos. Todo eso alimentó la trastienda de la sesión fallida que en la Casa Rosada fue leída como una «vendetta».
Tal como revela un informe del Ieral, que circuló en pleno debate en las gobernaciones, el Ejecutivo envió en enero apenas $ 200 millones de transferencias no automáticas a las provincias, en comparación con los $ 46.800 millones que había mandado el mismo mes de 2023, en términos constantes. Esto significó una caída de 99,5% en términos reales en todas las jurisdicciones y que 13 de ellas no recibieran un solo peso.
Las más castigadas fueron Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, muchas vinculadas al peronismo opositor. Pero también Córdoba -a pesar de tener funcionarios en áreas clave de la administración nacional- y los distritos gobernados por JxC, como Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, San Juan y Santa Fe.
Esto obligaría a los provincias a subir las tarifas o solventar sus propios subsidios.
