En medio de una sesión marcada por la alta tensión institucional, el Concejo Deliberante de Huillapima aprobó la suspensión por 60 días del concejal Luciano Auce.
El edil sancionado apuntó de forma directa contra la gestión municipal y denunció que la medida es una clara represalia por su rol fiscalizador, puntualmente tras haber exigido informes detallados sobre el destino de 100 millones de pesos recibidos por la comuna.
Auce aseguró que al resto de los representantes les incomoda que ejerza como el único opositor dentro del cuerpo deliberativo, calificando la sanción como un intento de silenciar el control de los fondos públicos. Ante este panorama, el concejal adelantó que no aceptará la resolución y judicializará la situación de inmediato para frenar lo que considera un atropello político.
