La tensión entre la asistencia social directa y las regulaciones sanitarias sumó un nuevo capítulo en la provincia tras la fuerte advertencia del Colegio de Farmacéuticos de Catamarca hacia el diputado opositor Javier Galán.
La entidad que nuclea a los profesionales del sector intimó formalmente al legislador del MID para que, en un plazo perentorio de 24 horas, suspenda todas las actividades de acopio, donación y promoción de remedios vinculadas a su iniciativa denominada “Banco de Medicamentos”, la cual funciona en su Sede de Atención al Vecino y se difunde activamente a través de las redes sociales. Desde la organización farmacéutica argumentaron que, a pesar de que el proyecto persiga un fin solidario para ayudar a sectores vulnerables que no logran costear sus tratamientos, la actividad viola flagrantemente las normativas vigentes y el artículo 208 del Código Penal argentino, el cual tipifica y sanciona el ejercicio ilegal de la medicina con penas de prisión, aclarando explícitamente que la gratuidad de la acción no exime de la responsabilidad legal.
El eje del reclamo legal, respaldado por el apoderado del Colegio, se fundamenta en el enorme riesgo sanitario que representa el manejo de sustancias medicinales fuera de los canales oficiales. Los profesionales advierten que cualquier establecimiento dedicado al expendio de fármacos debe contar obligatoriamente con una habilitación formal, estar bajo la estricta supervisión de un director técnico matriculado y someterse a las auditorías del Ministerio de Salud provincial, condiciones indispensables para garantizar la trazabilidad, la correcta conservación y la seguridad de las sustancias que consume la comunidad. Por este motivo, el Colegio dejó en claro que la falta de rigurosidad en estos controles pone en peligro directo la salud pública, lo que habilitaría el inicio de acciones en sede judicial si el legislador no desiste de su accionar de manera inmediata.
Por su parte, el diputado Galán utilizó sus redes sociales para defender la legitimidad social de su iniciativa, argumentando que el Banco de Medicamentos responde al pedido desesperado de los vecinos que se acercan a su sede sin recursos para continuar con sus tratamientos médicos. El legislador aseguró que su intención no es perjudicar el trabajo de los farmacéuticos ni competir con los comercios del sector, sino ofrecer una red de contención frente a la crisis económica. Como contrapartida institucional ante el conflicto, el diputado adelantó que avanzará en el ámbito parlamentario con un pedido de informes exhaustivo para evaluar la situación del acceso a la salud en Catamarca y propondrá la creación de una Mesa Provincial de Acceso a los Medicamentos que integre al Estado, las obras sociales y los colegios profesionales, promoviendo una revisión integral de la legislación para evitar que los ciudadanos queden desamparados. Este cruce de posturas ya genera un fuerte impacto en los principales medios de comunicación de la provincia, como Catamarca Uno, reflejando el profundo debate social sobre los límites de la solidaridad y el cumplimiento de las leyes de salud pública.
