El fallo de un tribunal estadounidense habilita a Titan Consortium a buscar activos en el exterior para cobrar la indemnización por Aerolíneas
La Corte de Apelaciones de Columbia, en Estados Unidos, rechazó la apelación de la Argentina contra el fondo Titan Consortium en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El país debe pagar u$s390 millones, una cifra que incluye el laudo original más intereses acumulados desde 2017.
El fallo reactiva además otro frente judicial complicado. «La Cámara de Apelaciones falla contra la Rep. Argentina en caso de expropiación de Aerolíneas Argentinas (u$s390 millones). Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas», dijo Sebastián Maril en la red X.
Webuild es una empresa italiana que también litiga contra la Argentina por obras públicas inconclusas. El caso estaba en pausa a la espera de esta resolución.
Titan Consortium compró el derecho a litigar contra el país por la estatización de 2008. Ahora busca embargar activos argentinos en territorio estadounidense para cobrar la indemnización que ganó ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
El monto original del laudo era de u$s320 millones. Hoy, con intereses corriendo desde 2017, la deuda asciende a u$s391 millones.
Expropiación de Aerolíneas Argentinas: cómo nació el caso y quién lo compró
El demandante original no fue Titan. El caso arrancó con el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008.
La operación se hizo con un pago simbólico. Marsans consideró que eso era confiscatorio y reclamó una indemnización ante el Ciadi.
Luego transfirió ese derecho al fondo Burford Capital, el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF. Burford se lo cedió finalmente a Titan Consortium.
Los fondos que compran este tipo de litigios son habituales en el mercado financiero internacional. Anticipan el dinero del juicio a cambio de quedarse con una parte de lo que eventualmente se cobre, apostando a que el país termine pagando más de lo que ellos invirtieron.
En 2017, el Ciadi emitió un laudo que ordenó a la Argentina pagar más de u$s320 millones en compensación y casi u$s3,5 millones en honorarios legales. Los intereses corren hasta la cancelación total.
El país intentó anular el fallo en 2019. El Ciadi rechazó el pedido y le sumó más de u$s1 millón en costos y gastos de representación.
